Coordinación general: Lic. Lamaisón, M. Josefina. ;xNLx;Convocantes:;xNLx;CÁTEDRA TRABAJO SOCIAL Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL;xNLx;CÁTEDRA TRABAJO SOCIAL I;xNLx;CÁTEDRA TRABAJO SOCIAL II;xNLx;CÁTEDRA POLÍTICA SOCIAL;xNLx;CÁTEDRA POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN;xNLx;CÁTEDRA ESTADO TERRITORIO Y PROBLEMÁTICA SOCIAL;xNLx;CÁTEDRA TEORÍA DEL ESTADO;xNLx;CÁTEDRA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA;xNLx;CÁTEDRA TEORÍA SOCIAL ;xNLx;CÁTEDRA TRABAJO SOCIAL Y SUJETOS COLECTIVOS;xNLx;CÁTEDRA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y LA SUBJETIVIDAD;xNLx;SEMINARIO DE ENTORNOS VIRTUALES;xNLx;INSTITUTO DE ESTUDIOS EN TRABAJO SOCIAL Y SOCIEDAD;xNLx;LABORATORIO DE ESTUDIOS EN CULTURA Y SOCIEDAD;xNLx;CLAUSTRO NO DOCENTE;xNLx;CUERPO DE DELEGADXS ADULP-FTS;xNLx;AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL “SIMÓN BOLÍVAR”;xNLx;Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata.
El 24 de marzo de de 1976 se produce el golpe militar autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La Junta Militar fue integrada por los comandantes generales de las tres fuerzas: el Teniente General Jorge Rafael Videla (Ejército), el Brigadier Ramón Agosti (Aérea) y el Almirante Emilio Massera (Armada).
En lo que se refiere a las políticas laborales, la dictadura militar promovió un conjunto de legislación tendiente a legalizar la actividad represiva y la intervención en el mundo sindical. Una serie de normas establecieron el congelamiento de la actividad gremial desde el 24 de marzo de 1976, como la Ley 21.261 que suspendió el derecho de huelga; la Ley 21.263 que eliminó el fuero sindical; Ley 21.259 que reimplantó la Ley de Residencia, en virtud de la cual todo extranjero sospechoso de atentar contra la “seguridad nacional” podía ser deportado.
Ley que perjudica la estabilidad laboral del sector público, habilitando despidos por cuestiones de servicio.
El gobierno militar instaurado en marzo de 1976, tuvo entre sus objetivos, el disciplinamiento de la clase obrera a través de diferentes mecanismos: la intervención de sindicatos, la detención y desaparición de miembros de comisiones internas y de las listas integradas por obreros opositores a la dirección del sindicato oficial. Dentro de las fábricas, se vivenció el crecimiento de la vigilancia posibilitada por la complicidad que tuvieron las patronales y muchos dirigentes sindicales con el golpe cívico-militar. La investigadora Victoria Basualdo reconstruyó los mecanismos de complicidad de las patronales y las cúpulas sindicales con los militares en empresas como Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ingenio Ledesma, Ford y Mercedes Benz.
El sector de tendencia “participacionista,” proporcionó el grupo de dirigentes obreros que concurrió a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en mayo de 1976, a dos meses del Golpe.
Como muestra la investigadora Ivonne Barragán, las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos permiten identificar al Astillero Río Santiago, como la fábrica con el mayor número de trabajadores y representantes sindicales de base asesinados y desaparecidos del país, cuantificándose cuarenta y cuatro trabajadores detenidos-desaparecidos y once trabajadores asesinados.
Un segundo grupo, crecientemente “confrontacionista,” concretó en este primer período la creación de la Comisión Nacional de las 25 organizaciones (“Comisión de los 25”), que propuso desconocer la presencia de los interventores militares o civiles en los gremios.
En julio de 1976 a través de la Ley 21.356 se prohibió la actividad gremial, es decir asambleas, reuniones, congresos y elecciones, facultando al Ministerio de Trabajo a intervenir y reemplazar dirigentes dentro de los establecimientos fabriles.
El 9 de septiembre de 1976 se promulga la Ley 21.400, denominada de “Seguridad industrial”, que prohibió cualquier medida concertada de acción directa, trabajo a desgano, baja de la producción, entre otras, estableciendo penas de 1 a 6 años para quienes participaran en la medida de fuerza o instigaran a su realización, y penas de 3 a 10 años para los casos en los que la instigación fuera pública.
En octubre de 1976 entraron en conflicto los trabajadores del gremio de Luz y Fuerza, que aglutinaba a trabajadores de las empresas SEGBA, Agua y Energía, DEBA y Compañía Italo Argentina de Electricidad. El conflicto se extendió a varias ciudades del país e involucró a centenares de afiliados. En los primeros meses de 1977 el Sindicato de Luz y Fuerza desarrolló nuevamente medidas reivindicativas y de resistencia a la aplicación del plan económico del Ministro de Economía José Martínez de Hoz. En este contexto lucha, cuando se había concretado un acuerdo con la patronal, el 11 de febrero de 1977, el dirigente más importante de este sindicato, Oscar Smith, fue secuestrado por las Fuerzas Armadas, lo que no logró frenar la emergencia de conflictos futuros.
Matilde Naymark Itzigsohn (“Tili” o “La Rusa”) y Ana María Nieva (“la Tana”) fueron las primeras y únicas mujeres electas para desarrollar funciones de representación sindical en su lugar de trabajo: Astillero Rio Santiago, una fábrica eminentemen¬te “masculina”, estatal y de gestión militar. A partir del año 1973 representaron a los trabajadores de su sección y desde 1975 desarrollaron importantes funciones en el proceso de discusión pre-paritarias antesala de la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo. Los primeros pasos de las mujeres en el proceso de visibilización y reconocimiento como sujetos/parte de la acción sindical en la fábrica tuvo que sortear una serie de resistencias, la de sus compañeros trabajadores “algunos más machistas que los milicos”. Mujeres como Tili y la Tana sostuvieron militancias sindicales en contextos de creciente violencia política, fueron mujeres, madres, extranjeras y sindicalistas, que un contexto de creciente opresión y persecución, vivenciaron la desaparición forzada y/o el exilio.
Ley dirigida a la eliminación de lo que se definía como “cláusulas de privilegio”, esto es, una serie de beneficios plasmados en los convenios colectivos que superaban los garantizados en la ley de contrato de trabajo respecto a la duración de la jornada laboral, licencias, conformación de los planteles básicos y participación sindical.
Aparece públicamente un documento sindical, firmado por setenta organizaciones no intervenidas por el gobierno militar, que criticaba la orientación liberal de la economía y la pérdida del poder adquisitivo del salario, solicitaba el libre ejercicio de paritarias y el respeto de los convenios colectivos, pedía acabar con las intervenciones a los gremios, la derogación de la ley 21.274 y la ley 21.476 y exigía la libertad de los presos gremiales (incluyendo una nómina de los detenidos y de su localización).
Ana María Nieva (“la Tana”) ingresó a trabajar en 1972 al Astillero Río Santiago, como perfo-verificadora en el área de administración de la Dirección. Fue militante de la Juventud Peronista, secuestrada ilegalmente el 24 de marzo de 1976, conducida a las instalaciones del Astillero y desde allí, trasladada en barcaza a la Base Naval Río Santiago donde permaneció detenida-desaparecida, posteriormente fue legalizada y detenida legalmente en la Unidad Penal N° 9 de Olmos, donde le fue otorgada la opción de salida del país conjuntamente con su hermana, quien también trabajaba en el Astillero y fuera detenida. Desde su exilio en Europa trabajó en la denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la dictadura argentina.
Matilde Naymark Itzigsohn (“Tili” o “La Rusa”) fue programadora de sistemas de IBM en el área técnica del Astillero Río Santiago, era militante de la Lista Celeste de la Juventud Tra-bajadora Peronista (JTP) en la empresa, fue secuestrada el 16 de marzo de 1977 y continúa desaparecida, al momento de su detención tenía 27 años y dos pequeñas hijas.
Carlos Guanciarrosa, quién fuera delegado y miembro de la comisión interna de los trabajadores de Petroquímica General Mosconi durante la dictadura, recuerda en una entrevista que “los militares ingresaron a las instalaciones de la petroquímica, encabezados por un General de apellido Villa”. Señala que el primer reclamo gremial de los trabajadores fue que los militares se retiraran de la planta porque a uno de ellos se le había caído una granada, ya que portaban armas y era un peligro por la volatilidad de los materiales manipulados en esa fábrica. Sobre esta situación, Héctor Zuñoni, quien fuera operario de electricidad y mantenimiento de la petroquímica y delegado de la comisión interna junto a Carlos, recuerda que el día que entraron los militares armados a la planta, los trabajadores se dieron cuenta del peligro que corrían, porque allí había muchas bombas que movían fluidos y la paranoia llegaba al punto de temer que si algún operario gritaba la palabra “bomba” (porque cuando falla una, los trabajadores deben dar aviso de viva voz y rápidamente para que sea reparada) un militar podría comenzar a disparar. Por esta razón, los delegados de la comisión interna pidieron al Gral. Villa que los obreros controlaron el interior de la planta y los militares el exterior. Héctor recuerda que “a las dos horas no había un solo militar adentro de la fábrica, estaban todos afuera, controlando la entrada y salida”.
Las agrupaciones sindicales en el exilio tuvieron un destacado protagonismo en las acciones de denuncia internacional. Ejemplos de ellas son las campañas por la liberación de los presos obreros y sindicalistas, que incidieron en la supervivencia e incluso liberación anticipada de trabajadores por los que se reclamaba (es el caso de los obreros de Villa Constitución), y las intervenciones en coyunturas críticas, en las que someter al gobierno dictatorial a presiones internacionales en ocasiones amplió el margen de maniobra para los que luchaban en territorio argentino. La Organización Internacional del Trabajo se convirtió, en este período, en un foro de denuncia de la situación argentina, tanto por las intervenciones de delegados obreros del país que desconocían el mandato del gobierno y fundamentalmente, por la presencia de líderes exiliados en la conferencia que facilitaban la difusión de información sobre la represión a obreros y sindicalistas.
Monona comenzó a trabajar durante la década del 60’ en Investigadores Asociados, una empresa de investigación de mercado, donde la eligieron delegada. En una entrevista reciente, recuerda: “Los encuestadores no tenían representación gremial […] a través de una compañera me comuniqué con el sindicato que era una pieza, en una especie de conventillo, en la calle Bartolomé Mitre y Talcahuano, donde había dos escritorios y una máquina de escribir […] la dirección la regía Ernesto Gutiérrez, quien me ofreció integrar la primera comisión para la discusión del convenio colectivo, la primera paritaria de investigación de mercado, bueno, así lo hice, fue un buen convenio y empezamos a trabajar realmente visitando a diario las empresas”. Desde su activismo en el Sindicato de Publicidad se acerca inicialmente a la CGT y luego a la CGT de los Argentinos: “cuando se organiza el Congreso Normalizador Amado Olmos, concurro al Congreso junto a Gutiérrez y él era muy democrático en cuanto a sus decisiones, todo lo que se hacía en Publicidad, se decidía por asamblea general, no de delegados, sino general y mediante esa asamblea me designaron la persona delegada del Sindicato de Publicidad ante la CGT de los argentinos […] ocupándome de las organizaciones de base junto a Julio Guillán de Telefónicos”.
En 1978, el gobierno militar logró acercamientos mayores con dirigentes “participacionistas,” que terminaron conformando en junio de ese año la Comisión de Gestión y Trabajo, que luego se convirtió, en octubre, en la base principal de la Comisión Nacional de Trabajo (CNT).
El ala “confrontacionista” fundó en junio de 1978 el Movimiento Sindical Peronista (MSP), que organizó la convocatoria al primer paro nacional para abril de 1979.
El 1979 se concretó la convocatoria a la primera huelga general, llevada adelante por la “Comisión de los 25” con la oposición de los sectores “participacionistas” nucleados en la CNT. Tres días antes de la medida de fuerza, se produjo la detención de veinte sindicalistas que la habían convocado. El episodio fue escandaloso debido a que los sindicalistas fueron apresados a la salida de una reunión en el Ministerio de Trabajo, a la que fueron convocados por miembros del gobierno militar.
Durante la instauración de la dictadura, se realizaron intervenciones militares en gran parte de los gremios, entre estos, en la Federación de Obreros de la Carne, mientras algunos de los sindicatos locales de Berisso siguieron funcionando de forma acotada. La planta del frigorífico Swift de Berisso fue ocupada militarmente el 24 de marzo de 1976 y cerrada durante varios días; se disolvió la Junta de Delegados y los dirigentes más combativos de la empresa fueron secuestrados o encarcelados. El frigorífico Swift recreaba su simbología constituyéndose en escenario de una de las huelgas más prolongadas y profundas de la primera etapa dictatorial, conmoviendo durante 32 días a uno de los centros históricos de mayor combatividad obrera del país, como lo fue la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. La confrontación culminó en una huelga que se prolongó por más de un mes (noviembre y diciembre de 1979) y que atravesó distintas alternativas, hasta que la empresa logró dividir el movimiento sin que éste alcanzara sus propósitos. Meses más tarde, la planta de Berisso fue cerrada y la planta del Swift de Rosario vendida a la empresa Campbell Soup.
La investigadora Eleonora Bretal entrevistó a Gaspar, Pedro y Eugenio, ex-obreros del Swift, que estuvieron detenidos en la Unidad 9 durante los años del régimen. Entre sus experiencias, señalaron prácticas en cautiverio mediante las que llevaron adelante la resistencia ideológica: como burlar la autoridad militar, el fortalecimiento de vínculos entre los presos políticos que ayudaba a soportar un poco más el encierro y los agravios. De los vínculos entre los presos políticos resaltaron los intercambios de conocimientos e informaciones, el compañerismo y la solidaridad. Eugenio y Gaspar subrayaron que fue esencial la transmisión de conocimiento sobre los comportamientos en la cárcel de los más antiguos hacia los recién llegados. Además, Eugenio señaló que en el intercambio de aprendizajes con sus compañeros presos políticos ejercitaban y mejoraban su formación intelectual y su creatividad. También mencionaron la relación con sus familiares y amigos en los años de cárcel. Gaspar recordó cuando su madre lo visitó y quedó detenida o cuando un delegado peronista de Swift (Mateo) que había ejercido el activismo gremial junto a Gaspar, colocó en su casa –que quedaba a pocas cuadras de la Unidad 9– un mástil para izar eventualmente una bandera a modo de saludo. Asimismo, que los compañeros que estaban afuera les enviaban dinero para que pudieran proveerse de alimentos o artículos de higiene básicos. Estas evocaciones, colmadas de gratitud, se extienden más allá de la familia y los compañeros. En el caso de Gaspar, llega a un guardiacárcel que había trabajado en Swift y le acercaba manzanas porque estaba agradecido por la vivienda que había obtenido a través de las diligencias que este había efectuado en un plan de viviendas mediado por el Sindicato de la Carne.
El 15 de noviembre de 1979 la Ley Sindical 22.105, derogó la Ley 20.615 de Asociaciones Profesionales dictada por el gobierno constitucional previo, y terminó por legalizar la intervención extrema del estado dictatorial, socavando las bases institucionales y financieras del poder sindical.
En los primeros años posteriores al golpe se produjo el cierre de más de veinte mil establecimientos fabriles; el producto bruto del sector cayó cerca de un 20% entre 1976 y 1983; la ocupación disminuyó en ese mismo período y se redujo el peso relativo de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía (del 28 al 22%). La industria dejó de ser el núcleo dinamizador de las relaciones económicas y sociales, así como el sector de mayor tasa de retorno de toda la economía. La clase trabajadora se vio afectada en este período por políticas represivas, laborales y económicas.
Testimonio oral de Gonzalo Cháves, ex referente de la CGT de la Resistencia, ex delegado de trabajadores telefónicos y fundador de la Juventud Peronista de La Plata. Gonzalo relata su experiencia en la resistencia obrera durante la última dictadura militar argentina.
“La Convocatoria Nacional, si bien tiene origen en los partidos políticos, es una gestión que se despliega en toda la comunidad argentina por encima de las diferencias partidarias, religiosas, económicas, sociales y culturales. Mira al país como un todo, a través de su pueblo y procura suspender la discusión acerca de las diferencias ocasionales o permanentes, con el propósito de obtener una solución argentina que termine con nuestra decadencia y resguardar la dignidad del hombre. Es hora de que predomine lo universal sobre lo parcial, lo nacional sobre lo regional, lo común sobre lo sectorial. Se trata, por lo tanto, de un esfuerzo para componer una solidaridad ciudadana que dé apoyo expresivo, lúcido e integral a una ansiada solución nacional. Así, vamos en procura de una demostración que nos es indispensable: que realmente existe esa solidaridad en el pueblo argentino, capaz de movilizarlo al servicio de las soluciones que faltan y se aguardan. No apunta al pasado. Emerge del presente y tiene la intención de plasmar un porvenir argentino. Por eso, no obstante su universalidad, la Convocatoria no es incondicional, no es neutral, no es indefinida. Es un pronunciamiento de la democracia, para la democracia [...]". Buenos Aires, 14 de julio de 1981.
El 22 de julio de 1981, Se realizó una segunda huelga general con alto acatamiento a raíz de la cual el gobierno detuvo a gran cantidad de sindicalistas involucrados en su organización.
El 7 de noviembre de 1981 se realizó la primera movilización popular contra la dictadura que no se restringió al ámbito sindical pero en la cual éste tuvo presencia central. El sindicalismo “confrontacionista” buscó confluir con la Iglesia, llamando a una marcha a San Cayetano (santo del trabajo de acuerdo a la religión católica) bajo el lema “Paz, Pan y Trabajo.” Numerosos partidos políticos y organizaciones sociales adhirieron a la medida, y a pesar de la fuerte represión, de la intimidación en los medios de comunicación y del sitio establecido por las fuerzas de seguridad, más de 10.000 personas participaron de la movilización.
El movimiento obrero organizado, convocado por la CGT Brasil, realizó una manifestación a Plaza de Mayo con la consigna Pan Paz y Trabajo. Esa marcha, que se replicó en todo el país, fue encabezada por Saúl Ubaldini, y constituyó el primer mojón político para derrocar a la dictadura genocida. Las consecuencias de esa manifestación y la reacción represiva del gobierno militar se refleja en la muerte de Benedicto Ortiz en Mendoza, en el encarcelamiento de todos los dirigentes de la CGT, en los más de 1.000 detenidos, y en la represión que instrumentaron, tanto el Plaza de Mayo, como en todas las plazas del país donde se concentraron los trabajadores.
El 30 de marzo de 1982, dos días antes de la declaración de guerra a Gran Bretaña por las Islas Malvinasse, conocida como la “Guerra de Malvinas”, los gremios realizaron una huelga y marcha a Plaza de Mayo a la que concurrieron 30.000 personas, culminando con graves disturbios y numerosas detenciones.
Paro y movilización de la CGT-BRASIL.
El martes 5 de octubre de 1982 se realizó la primera “Marcha por la Vida y la vigencia integral de los derechos humanos” en la que un grupo de Madres e integrantes de Organismos de Derechos Humanos, intentaron acceder a la Casa Rosada para dejar un petitorio exigiendo la aparición con vida de sus hijos/as y familiares. Dentro del grupo de policías que reprimió a las Madres, se encontraba el subcomisario Carlos Enrique Gallone. Durante una situación de enfrentamiento verbal con Susana De Leguía, ella intentó empujarlo y él, ante los ojos de las cámaras, simuló abrazarla. Esa imagen, retratada por el reportero gráfico Marcelo Ranea dio la vuelta al mundo, y ganó el premio Rey de España a la mejor fotografía periodística, pero también fue la foto elegida por Clarín para ilustrar una noticia que era falsa. En la actualidad Carlos Enrique Gallone se encuentra cumpliendo una condena de prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Masacre de Fátima, en la que 30 personas fueron asesinadas.
El 16 de diciembre de 1982 se llevó a cabo la "Marcha por la Democracia", que acompañaría la entrega de un petitorio al gobierno de facto. En el petitorio se reclamaba la rectificación de la política socio-económica y la realización de elecciones nacionales en julio de 1983. Más de 100.000 personas participaron de la marcha, a la que adhirieron casi todos los partidos políticos. Los participantes estuvieron permanentemente custodiados por las fuerzas de seguridad, que terminaron irrumpiendo entre los manifestantes para dispersarlosy termino con el asesinato de Dalmiro Flores. El gobierno reivindicó lo actuado y fijó fecha de elecciones para octubre de 1983.
El 16 de diciembre de 1982 es asesinado Dalmiro Flores, en la marcha Multipartidaria, en resistencia al gobierno de la última dictadura.
Luego de las votaciones electorales celebradas el 30 de octubre de 1983, asume el 10 de diciembre la presidencia de la Nación: Ricardo Raúl Alfonsín (presidente) y Víctor Hipólito Martínez (vicepresidente). Con la asunción se inicia el período de democracia, sin interrupciones por golpes militares, más largo de la historia argentina, que continua hasta la actualidad.
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