El proceso de Reforma Procesal Penal en Neuquén se inició en 1999, con la realización de un proyecto que tuvo buena recepción académica, pero que nunca fue sancionado en la provincia. En esa oportunidad se buscaba abandonar el régimen inquisitivo reformado, sancionado en 1987, para pasar a un sistema acusatorio. Por diversos factores –políticos, sociales y culturales- la iniciativa no avanzó.
En el año 2004, por iniciativa del anterior Tribunal Superior de Justicia, comenzó a gestarse el segundo proyecto de reforma, el cual fue elevado al TSJ en el año 2007 y con posterioridad a la Legislatura. Sin embargo, tampoco fue tratado.
Mediante resolución Nº 737/08 de la Legislatura de Neuquén, se crea la Comisión Interpoderes para elaborar el proyecto de reforma, atendiendo a las necesidades de todos los sectores involucrados. En la Comisión tienen representación los tres poderes del Estado, el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados.
La Comisión Interpoderes trabajó a partir de abril de 2009. En una primera etapa, se hicieron definiciones técnicas, en las cuales participaron representantes del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, entre los cuales había diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, asesores; miembros de la Asociación de Magistrados; del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal; del Colegio de Abogados de Neuquén; y de Policía de la Provincia de Neuquén. El grupo de trabajo, recabó los proyectos de reforma que habían sido ingresados a la Legislatura en los últimos años, y realizó con ellos y otros aportes un nuevo proyecto de Código Procesal Penal para la Provincia de Neuquén. Dichas labores se llevaron a cabo hasta marzo de 2010.
Luego de un intenso debate en Comisión, el proyecto obtuvo un despacho unánime, lo que posibilitó en primer lugar, el tratamiento sobre tablas y que la discusión sobre los pocos aspectos sobre los cuales hubo disidencias de opiniones, quedase para la discusión particular de artículo por artículo.
El 24 de noviembre de 2011, se realizó la sesión para el tratamiento artículo por artículo, quedando aprobado el nuevo Código Procesal Penal. Se estableció un plazo de dos años para que comience a regir, a partir de la promulgación de la ley, y una vez que sean dictadas las nuevas leyes de Ministerios Públicos, Orgánica del Poder Judicial. También se constituyó una Comisión de Seguimiento de la reforma.
Se publica en el boletín oficial la Ley 2784, y se establece que entrará en vigencia en el transcurso de dos años desde la fecha de publicación.
En la sede del Tribunal Superior de Justicia, se realizó el primer sorteo de Jurados populares para los juicios por jurados previstos para el año 2014. El sorteo fue dirigido por la Secretaria del Juzgado Electoral Provincial, Dra. Rosana Dalton, y se realizó por circunscripción judicial y por sexo, según el padrón electoral que fue previamente depurado por la autoridad de aplicación para que se ajusten a los requisitos legales previstos por el Código Procesal Penal. Se sortearon 1.344 jurados populares para toda la provincia.
Mediante acuerdo 5043 punto 4, el Tribunal Superior de Justicia manifiesta su intención de respetar los tiempos establecidos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal, a partir del 14 de enero de 2014.
La Legislatura de Neuquén aprueba el proyecto que crea el Programa de Mediación Penal, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Esta herramienta, es una de las innovaciones de la Reforma Procesal Penal, que permite resolver los conflictos en forma alternativa y sin la intervención directa de un fiscal o juez.
El fiscal general, José Geréz, junto al ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, y miembros de la Policía provincial, viajan a Chile para interiorizarse sobre el funcionamiento de la Justicia Penal de ese país y analizar la relación de trabajo entre los miembros del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Investigaciones. El lugar elegido es Chile porque tiene un sistema similar al que entrará en vigencia en Neuquén, y en el cual los y las fiscales deben trabajar en forma coordinada con la Policía.
Por iniciativa del Ministerio Público Fiscal, comienza el censo de interés para que los empleados/as brinden información orientativa sobre el lugar donde quieren trabajar tras la reforma. El objetivo fue hacer una reubicación del personal consensuada. El censo fue complementario de otro similar realizado por la Escuela de Capacitación del Poder Judicial.
Se dicta en la ciudad de Neuquén y en las principales ciudades del interior, un taller de capacitación para empleado/as sobre el nuevo Ministerio Público Fiscal. Estuvo a cargo de los fiscales Pablo Vignaroli y Rómulo Patti, y del fiscal general José Geréz. La actividad se dividió en tres módulos “Introducción al nuevo sistema procesal penal”; “Funciones del empleado ante el nuevo rol del Ministerio Público Fiscal”; y “Nueva estructura orgánica del Ministerio Público Fiscal”.
El Tribunal Superior de Justicia aprueba el informe 34, elaborado por la Secretaría de Planificación, y referida a los avances de la implementación de la Reforma Procesal Penal. Fue el último informe que se presentó antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.
La Legislatura de Neuquén sanciona la Ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que fija las pautas con las que trabajarán los fiscales, ademas de la ubicación y funciones dentro del Ministerio. En la misma sesión se aprueba la Ley orgánica de la Justicia Penal y del Ministerio Público de la Defensa. Estas, eran las denominadas "Leyes complementarias" de la reforma.
Comienza la mudanza del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de la Defensa al nuevo edificio de la calle Leloir, en la ciudad de Neuquén.
Entró en funcionamiento el cambio de la Justicia Penal que a partir de ahora cuenta con nuevos mecanismos para investigar los delitos y juzgar a los/las acusados de cometerlos, además de ofrecer herramientas alternativas para resolver los conflictos entre las personas, entre otras modificaciones.
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